El privilegio contra la autoincriminación derecho penal

⚖️ El privilegio contra la autoincriminación

Este fundamento del régimen probatorio del proceso penal está consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política, según el cual nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Este derecho, como es obvio entenderlo, se orienta a evitar que el o la indiciada, imputada o acusada sea sometida a cualquier tipo de presión por parte de las autoridades de investigación o juzgamiento, con el propósito de que se declare culpable.

Se trata de una garantía que está inescindiblemente vinculada al derecho del acusado o acusada de guardar silencio, pues si lo ejerce, evita autoincriminarse.

En el modelo continental europeo, por razones ligadas a su sistemática procesal, el privilegio contra la autoincriminación es de vieja data. En este, el acusado no está obligado a declarar y si lo hace, no presta juramento, por lo tanto no está sujeto a consecuencias punitivas en caso de faltar a la verdad.

En cambio, en el modelo anglosajón, si bien este privilegio tiene fundamentos constitucionales, su formulación es distinta: el acusado puede incurrir en perjurio si miente en su propio juicio. Solo a partir de los años 60 del siglo XX, gracias a decisiones como Miranda vs Arizona (1966), se le dio una dimensión garantista también en la fase de investigación.