Fiscalía es condenada por falla en el servicio al no activar ruta de protección en caso de violencia de género que terminó en homicidio

El Tribunal Administrativo de Sucre revocó una sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenó a la Fiscalía General de la Nación por una falla en el servicio que resultó en el homicidio de una mujer y lesiones a otras dos, a manos de un agresor que había sido denunciado repetidamente.

El caso se originó tras una serie de actos de violencia. Una mujer, víctima de constantes maltratos por parte de su expareja, lo denunció ante la Fiscalía de Corozal por violencia intrafamiliar y amenazas de muerte después de que este le quemara la cama. Como respuesta, la Fiscalía se limitó a citar al agresor a una audiencia de conciliación.

Días después, el 21 de marzo de 2015, el mismo agresor intentó ingresar a la fuerza a la vivienda de la madre de la víctima, donde esta se refugiaba. En el forcejeo, agredió a la madre, la arrastró y le arrancó parte del cabello. La madre denunció estos hechos ante la misma Fiscalía el 25 de marzo por lesiones personales. La única respuesta de la entidad fue remitirla a Medicina Legal el 27 de marzo.

Al día siguiente, 28 de marzo de 2015, el agresor ingresó violentamente a la vivienda y asesinó a la madre con un arma cortopunzante, además de herir gravemente a su expareja.

El juzgado de primera instancia negó la demanda de reparación directa, argumentando que la Fiscalía había cumplido con su función de investigar y que la protección física correspondía a la Policía Nacional. Los demandantes apelaron, alegando que la Fiscalía ignoró el deber de aplicar una perspectiva de género y omitió activar las medidas de protección urgentes que la Ley 1257 de 2008 exige en casos de violencia contra la mujer.

El Tribunal Administrativo de Sucre le dio la razón a las víctimas y revocó la sentencia. La Sala determinó que la Fiscalía incurrió en una falla manifiesta del servicio por varias razones:

1. Error de trámite grave: Trató la primera denuncia por violencia intrafamiliar como un delito querellable (citando a conciliación), cuando la Ley 1542 de 2012 eliminó expresamente ese requisito, obligando a la Fiscalía a investigar de oficio.
2. Omisión del deber de información: Aunque la Fiscalía no es un cuerpo de protección física, tenía la obligación legal expresa (Art. 136 de la Ley 906 de 2004) de informar a las víctimas "el modo y las condiciones en que puede pedir protección". La entidad omitió por completo esta asesoría.
3. Ausencia de perspectiva de género: La entidad no analizó el contexto de violencia escalonada y "normalizó" los hechos, sin realizar acciones para prevenir la lesión de los bienes jurídicos de las víctimas. Esta pasividad fue calificada por el Tribunal como "violencia institucional".

El Tribunal fue enfático en que la responsabilidad del Estado por omisión no requiere la certeza de que la protección hubiera evitado el daño, sino que se configura por el simple hecho de haber incumplido el deber de actuar.