2017-00146-01: Efectos de la figura del allanamiento de cargos en el proceso penal.

El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, en sentencia 2017-00146-01, señaló los efectos de la figura del allanamiento de cargos en el proceso penal. Ello se dio en el curso de un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia de un proceso penal contra el recurrente, que lo condenó por el delito de estafa agravada en concurso homogéneo. Como principal argumento contra la sentencia recurrida, se adujo que el juzgador de instancia dio por probada, sin estarlo, la configuración del agravante, comoquiera que no reposa en el expediente, material probatorio que así lo acredite; igualmente, que no se tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales y el allanamiento a los cargos del procesado a efectos de imponer la tasación de la pena. Ante ese panorama, esa corporación abordó los efectos del allanamiento de cargos a la luz de la Ley 906 de 2004, en los siguientes términos:

La Ley 906 de 2004 consagró dos institutos insertos en la denominada justicia penal premial: el allanamiento a cargos1 y los preacuerdos y negociaciones, en virtud de los cuales, el proceso penal puede terminar anticipadamente a través de la aceptación unilateral de responsabilidad (allanamiento), o bien a través del acuerdo o consenso bilateral entre imputado y Fiscalía (negociación o preacuerdos), figuras jurídicas que propenden por la humanización de la actuación penal y la pena, por obtener una pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso. Tales figuras exigen prueba mínima de la existencia del delito. La normatividad procesal toma como punto de partida el numeral 4° del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, por lo que para la aplicación del principio de oportunidad y las negociaciones es indispensable un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en el delito investigado. La normatividad ya mencionada, impone tanto en materia de allanamiento en la imputación,