El control abstracto de constitucionalidad es un mecanismo que permite a la Corte Constitucional de Colombia evaluar la validez de las leyes y otros actos normativos, como los decretos y las resoluciones, para asegurarse de que se ajusten a la Constitución colombiana. La Corte Constitucional ha emitido varias sentencias sobre el control abstracto de constitucionalidad, incluyendo la Sentencia C-50 de 2020, que establece que el control abstracto de constitucionalidad solo procede respecto de disposiciones que se encuentren vigentes. Además, la sentencia establece que una norma estará vigente mientras no se encuentre derogada
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