Seguro de Automóviles por Hurto: la Aseguradora Debe Probar la Exclusión y una Factura Irregular no Demuestra el Ingreso Ilegal del Vehículo
📌 Resumen Ejecutivo
- 📰 Contexto del caso: Una sociedad, tomadora, asegurada y beneficiaria de una póliza de automóviles, reclamó la indemnización por el hurto de su vehículo. La aseguradora objetó invocando la exclusión «cuando el vehículo sea ingresado ilegalmente», con base en inconsistencias de la factura de importación. El Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá condenó a la aseguradora a pagar.
- 🌐 Problema jurídico: ¿Puede el tribunal revocar la condena cuando el apelante no atacó el argumento según el cual la exclusión era inoponible por falta de entrega del condicionado, y, en todo caso, basta una factura que el supuesto vendedor no reconoce para probar que el vehículo ingresó ilegalmente al país?
- ✅ Decisión del Tribunal: CONFIRMA LA CONDENA. El motivo principal fue procesal: la aseguradora dejó sin atacar la inoponibilidad de la exclusión por no haber entregado las condiciones generales. Además, la carga de probar la exclusión era suya y la sola irregularidad de la factura no acreditó el ingreso ilegal.
La sociedad demandante adquirió el vehículo en septiembre de 2023 y, tras la cotización e inspección del riesgo, la aseguradora expidió un seguro de automóviles con vigencia entre el 20 de octubre de 2023 y el 20 de octubre de 2024. El automotor fue hurtado el 12 de septiembre de 2024 cuando circulaba de noche por la Avenida Circunvalar de Bogotá. La asegurada reclamó el 18 de septiembre de 2024 y el 1.º de noviembre la aseguradora objetó por ingreso ilegal del vehículo. Se apoyó en una factura de importación de 2021, en la que la demandante no intervino, y en una comunicación del concesionario que figuraba como vendedor, que desconoció la factura y negó haber vendido el vehículo.
El juez de primera instancia, en sentencia del 8 de abril de 2026, condenó a la aseguradora a pagar $270.000.000 por el amparo de hurto y $1.949.985 por gastos de movilización, con intereses moratorios a la tasa máxima legal desde el 19 de octubre de 2024 conforme al artículo 1080 del Código de Comercio. Razonó que la factura irregular, por sí sola, no probaba el ingreso ilegal, porque el vehículo estaba inscrito en el Registro Nacional de Automotores, con matrícula y tarjeta de propiedad, que son documentos públicos que se presumen legales; que la aseguradora no verificó la situación aduanera antes de asumir el riesgo; y, sobre todo, que la tomadora no tuvo acceso previo al condicionado general y que la exclusión no figuraba destacada en los términos del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por lo que era inoponible. La aseguradora apeló insistiendo en que era la asegurada quien debía probar la procedencia lícita del vehículo, y el Tribunal Superior de Bogotá resolvió el recurso el 1.º de octubre de 2026.
📌 Ratio Decidendi: Lo que no se apela queda firme y la exclusión la prueba quien la alega
Límite de la apelación y carga de la exclusión:
El Tribunal desestimó la apelación «principalmente por cuanto dicha litigante no demostró, como le incumbía, la entrega de las condiciones generales de la póliza al tomador, tema que dejó fuera de la alzada». Como el superior examina la decisión «únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante», el argumento central del fallo —la inoponibilidad de la exclusión— quedó intacto. De forma complementaria, recordó que al asegurado solo le corresponde probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, mientras que es del resorte de la aseguradora «demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de responsabilidad».
La primera razón es estrictamente procesal y es la que decide el caso. La aseguradora concentró su apelación en la procedencia del vehículo, pero no controvirtió que no entregó el condicionado ni informó las exclusiones en caracteres destacados. El Tribunal invocó los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso y una sentencia de la Sala de Casación Civil citada por la Sala (SC3148-2021), según la cual, cuando la apelación no abarca la totalidad del fallo, las facultades del superior quedan restringidas a los argumentos expuestos por el impugnante. Subrayó además la relevancia de esa omisión con otra decisión citada por la Sala (SC495-2023), conforme a la cual «la eficacia de las condiciones generales del contrato de seguro depende de su revelación objetiva, de la verdadera posibilidad de conocimiento por parte del adherente». Con ese pilar del fallo sin atacar, la exclusión seguía siendo inoponible a la asegurada y la apelación no podía prosperar, cualquiera que fuera la discusión sobre el origen del vehículo.