La protección de inembargabilidad de bienes

El embargo es una medida cautelar, la cual tiene como objetivo principal evitar que el deudor intencionalmente, en vista de la acreencia legalmente reconocida que recae sobre este, se “insolvente”, o que, por alguna circunstancia, los bienes que podrían soportar el cumplimiento de su deuda dejaran de ser de su propiedad o salieran de su patrimonio, causando un claro perjuicio al acreedor.

El decreto de embargo sobre los bienes del deudor por parte del juez, realizado conforme lo indica el artículo 593 del CGP, no significa que la titularidad de los mismos deje de estar en cabeza de este, es decir, dichos bienes siguen perteneciendo al deudor.

La aplicación de esta medida judicial implica que los bienes sobre los cuales está recae son extraídos del comercio y tráfico jurídico. Por tal razón, el deudor pierde la capacidad de enajenarlos, imponiendo de esta forma una importante limitación al derecho de dominio que este tiene por naturaleza sobre ellos.

Será entonces nulo por objeto ilícito, todo negocio jurídico que involucre la enajenación de un bien embargado, excepto cuando medie autorización legal o consentimiento del acreedor.