I. Concepto y Fundamento
La expropiación es el mecanismo constitucional mediante el cual el Estado, amparado en motivos de utilidad pública o interés social, priva de la propiedad de un inmueble a un particular. Este proceso garantiza la supremacía del interés general (ej. construcción de vías, hospitales) sobre el derecho privado, siempre mediando una indemnización previa.
II. Tipos de Expropiación
Enajenación Voluntaria
Etapa inicial de negociación directa. La entidad notifica una oferta formal de compra basada en un avalúo comercial; si en 30 días hábiles no hay promesa de compraventa, debe iniciar la expropiación (Ley 388 de 1997, art. 61). En infraestructura de transporte el avalúo lo hace el IGAC, la autoridad catastral o avaluadores de lonja (Ley 1682 de 2013, art. 23).
Vía Judicial
Si fracasa la negociación, la entidad demanda ante el juez civil del circuito (art. 20-5 CGP) dentro de los 3 meses siguientes a la firmeza de la resolución que ordena expropiar (art. 399-2). Cuando demanda una entidad pública prevalece el fuero privativo de su domicilio sobre el del lugar del bien (arts. 28-10 y 29; AC1400-2022). El juez civil no revisa la legalidad del acto que declaró la utilidad pública; decreta la expropiación y fija la indemnización. No se exige conciliación previa (Ley 2220 de 2022, art. 68).
Vía Administrativa
Previa declaratoria de urgencia, la entidad expropia por acto administrativo (Ley 388 de 1997, arts. 63 a 70); el control es posterior, por nulidad y restablecimiento ante el Tribunal Administrativo en primera instancia, incluso sobre el precio (Ley 388, art. 71; art. 58 C.P.).
III. Competencia y Causales
- La Nación (Estado Central).
- Entidades Territoriales (Municipios, Departamentos).
- Establecimientos Públicos.
- Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
- Sociedades de Economía Mixta.
- Infraestructura (Vías, Salud, Educación).
- Vivienda de Interés Social (VIS) y Reconstrucción Urbana.
- Servicios Públicos Domiciliarios.
- Preservación Ambiental y Cultural.
- Prevención de Desastres (Traslado de población en riesgo).
IV. Indemnización
Además del valor comercial del inmueble (fijado por el IGAC o lonjas), la indemnización debe ser previa, justa y reparar el daño emergente y el lucro cesante que se prueben (C-1074 de 2002; Consejo de Estado, 24 de julio de 2025). El tope de seis meses de rentas para el lucro cesante que traía el parágrafo del art. 399 fue declarado inexequible (C-750 de 2015). El demandado que objete el avalúo debe aportar dictamen del IGAC o de una lonja; si no, la objeción se rechaza de plano (art. 399-6), y el avalúo no objetado se indexa hasta el pago (Trib. Bogotá, 17 de julio de 2024).
V. Trámite judicial paso a paso (art. 399 CGP)
- Demandados: titulares de derechos reales principales, partes del proceso en que el bien esté en litigio, tenedores con contrato en escritura pública inscrita y acreedores hipotecarios y prendarios (núm. 1). Los mejoratarios y los arrendatarios sin escritura no son demandados: se oponen en la entrega (STC12083-2021, STC10352-2022).
- Anexos: resolución vigente, avalúo y certificado de propiedad y derechos reales por 10 años (núm. 3).
- Entrega anticipada: desde la demanda, siempre que la entidad consigne el valor del avalúo a órdenes del juzgado; no puede entregarse el dinero directamente al propietario (núm. 4; STC187-2025).
- Traslado: 3 días, sin excepciones de ninguna clase; si en 2 días no se logra notificar, emplazamiento con copia fijada en el inmueble (núm. 5).
- Audiencia y sentencia: el juez interroga a los peritos, decreta la expropiación, cancela gravámenes e inscripciones y fija la indemnización (núm. 7). La que niega es apelable en el efecto suspensivo; la que decreta, en el devolutivo.
- Pago: la entidad consigna el saldo en 20 días desde la ejecutoria; si no, se libra mandamiento ejecutivo en su contra (núm. 8).
- Entrega definitiva y registro: consignado el saldo, se entrega el bien y se registran el acta y la sentencia como título de dominio (núms. 9 y 10). El tercero que alegue posesión o retención tiene 10 días para promover incidente (núm. 11).
- Si el superior revoca: se restituye al demandado y la entidad paga los perjuicios con la suma consignada (núm. 13).