Pódcast y víctimas: el consentimiento para difundir una historia íntima debe ser informado y es revocable
📌 Resumen Ejecutivo
- 📰 Contexto del caso: Una mujer víctima de violencia de género fue entrevistada en un pódcast de amplia audiencia. El 22 de agosto de 2024 pidió retirar todo su contenido; la creadora lo borró de sus cuentas, pero el episodio siguió disponible en dos plataformas de terceros hasta el 18 de septiembre de 2025, es decir, 392 días después.
- 🌐 Problema jurídico: ¿Vulnera la intimidad y la propia imagen quien graba, publica y mantiene disponible una entrevista con información íntima sin un consentimiento previo, libre e informado, y sin gestionar oportunamente su retiro cuando la entrevistada revoca la autorización?
- ✅ Decisión de la Corte: REVOCA LOS FALLOS DE INSTANCIA Y CONCEDE EL AMPARO de la intimidad y la propia imagen. Declara improcedente la tutela frente al buen nombre, la honra y la pretensión de compensación por monetización; declara hecho superado sobre la eliminación; ordena disculpas públicas solo si la accionante lo autoriza y prohíbe volver a publicar o monetizar la entrevista sin su consentimiento.
La accionada es una periodista que conduce un pódcast dedicado a historias de mujeres, con más de doscientos episodios, más de ciento cuarenta millones de reproducciones en una plataforma de video y perfiles que, en conjunto, superan los tres millones de seguidores. Entre marzo de 2021 y septiembre de 2023 invitó por mensajería a la accionante, una mujer de 26 años víctima en 2020 de un hecho de violencia de género, a contar su historia. La entrevista se grabó el 11 de diciembre de 2023 y se publicó el 11 de enero de 2024. Semanas después la accionante comenzó a recibir amenazas y hostigamientos. El 21 de agosto de 2024 pidió un porcentaje de lo que, según ella, había producido el episodio; al día siguiente la creadora respondió que no había generado ingresos y anunció que lo eliminaría, y la accionante le pidió expresamente que eliminara «todo mi contenido de sus redes». El episodio fue retirado de las cuentas de la accionada ese mismo 22 de agosto, pero siguió publicado en dos plataformas de terceros alimentadas por RSS.
La tutela se presentó el 16 de septiembre de 2025, después de que la accionada publicara un mensaje sobre la controversia y la denunciara penalmente, y de que la accionante advirtiera que el episodio seguía en línea. Un Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple negó el amparo el 26 de septiembre de 2025, porque la entrevista ya no estaba en los perfiles de la accionada, y remitió a la vía ordinaria lo económico. El Juzgado Civil del Circuito confirmó el 4 de noviembre de 2025, con declaración de hecho superado sobre la eliminación. Seleccionado el expediente, la Sala Sexta de Revisión decretó pruebas, invitó a organizaciones académicas y de libertad de prensa como amicus curiae y vinculó a las principales plataformas tecnológicas. La sentencia T-241 de 2026 se profirió el 10 de agosto de 2026.
📌 Ratio Decidendi: consentimiento calificado y deber de hacer efectiva la revocatoria
Quien difunde información íntima de un entrevistado responde por la calidad del consentimiento y por su retiro:
La Sala fijó como subregla que si un creador de contenido o influencer, en ejercicio de actividad periodística, «mediante un pódcast, publica y/o divulga información íntima y utiliza la imagen de una persona» sin su consentimiento libre, previo e informado, expreso o tácito, y/o «en desconocimiento de su revocatoria, vulnera sus derechos a la intimidad y a la propia imagen». Con enfoque de género, añadió que «la decisión de narrar y divulgar el relato de una experiencia de violencia de género forma parte de la esfera de autodeterminación de la víctima y, por consiguiente, corresponde exclusivamente a ella».
La Corte encontró que el consentimiento fue previo y libre: las conversaciones mostraban un acuerdo anterior a la grabación y una aceptación sin presiones. Falló, en cambio, el elemento informado. Por la naturaleza del relato —que la Sala calificó como datos sensibles en los términos del artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, información clínica privada e información reservada—, el estándar exigible era calificado: la creadora debía informar el alcance del uso, las condiciones de difusión y la audiencia potencial, la totalidad de las plataformas, el tipo de contenido, si habría o no monetización y las condiciones de permanencia y eliminación. Solo se le anunciaron algunas plataformas y el cambio de formato a video. La Sala precisó que no se exige forma escrita, pues «el consentimiento puede ser obtenido de manera verbal, escrita o a través de mensaje de datos», y descartó que el interés público justificara la difusión, porque el episodio no informaba sobre un hecho noticioso. Sobre la revocatoria, desestimó la defensa de que las plataformas de terceros escapaban a su control: la accionada conservaba la disposición del contenido frente al agente de distribución, bastaba una solicitud para el retiro y solo la hizo el 18 de septiembre de 2025, tras ser notificada de la tutela.