Sentencia Petro fallo CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el proceso Petro Urrego vs. Colombia, encontró al Estado de Colombia responsable por la violación de los derechos políticos y las garantías judiciales del ahora senador Gustavo Petro. El caso se relaciona con la sanción de destitución como alcalde Mayor de Bogotá e inhabilitación por el término de 15 años para ocupar cargos públicos, que le fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Alejandro Ordóñez. Al analizar el caso, la Corte encontró que los derechos políticos de Petro se vieron afectados como resultado de la sanción de la que fue objeto, pues su mandato fue interrumpido mientras estuvo separado de su cargo en virtud de la decisión de la Procuraduría, lo cual también constituyó una afectación de los derechos políticos de sus electores y del principio democrático. Para el alto tribunal internacional se violaron los derechos políticos del político en términos del artículo 23 de la Convención Americana (derechos políticos) en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento (obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno). El CIDH concluyó que el proceso disciplinario seguido contra Petro no respetó la garantía de la imparcialidad ni el principio de presunción de inocencia, en tanto el diseño del proceso implicó que la misma autoridad fuera la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar sobre la procedencia de