Simulación para evadir cuota alimentaria: Violencia Económica y el deber de fallar Extra Petita
📌 Resumen Ejecutivo
- 📰 Contexto del caso: Un padre con un largo historial de inasistencia alimentaria (incluso condenado penalmente) vende, mediante una escritura pública simulada, su único inmueble para declararse insolvente e impedir el embargo por parte de su hija y expareja. En el proceso civil de simulación, el juez de primera instancia no solo declara la nulidad de la venta, sino que de oficio reconoce que esto es un acto de "violencia económica" y ordena la apertura de un incidente de reparación integral. Al apelar el demandado, el juez de segunda instancia revoca la apertura del incidente argumentando violación al principio de congruencia, pues la demandante "no pidió expresamente la reparación ni invocó violencia de género en el libelo inicial".
- 🌐 Problema jurídico: ¿Incurre el juez civil de segunda instancia en defecto sustantivo y violación directa a la Constitución al aplicar de forma rígida y exegética el principio de congruencia (Art. 281 CGP), negándose a abrir de oficio un incidente de reparación integral frente a un evidente contexto de violencia económica intrafamiliar?
- ✅ Decisión Corte Constitucional: CONCEDE LA TUTELA. La Corte Constitucional deja sin efectos el fallo de segunda instancia y revive integralmente el de primera. Establece que la instrumentalización del derecho civil (simular contratos) para eludir alimentos es violencia económica y de género. En estos escenarios, el principio de congruencia se debilita; los jueces civiles están obligados (no solo facultados) a fallar extra y ultra petita para ordenar reparaciones integrales, sin someter a la víctima a un nuevo desgaste o "peregrinaje institucional".
El litigio subyacente revela una práctica lamentablemente común: el uso fraudulento de figuras del derecho civil y comercial para burlar obligaciones de familia. Durante más de quince años, la madre (Amal) interpuso querellas ante el ICBF, denuncias penales por inasistencia alimentaria y procesos ejecutivos para obligar al progenitor (Damián) a sostener a su hija (Amalia). Justo cuando Damián fue advertido de las consecuencias penales, orquestó una compraventa ficticia con una tercera persona para desaparecer su único bien embargable.
El juez civil municipal que conoció en primera instancia de la simulación tuvo la valentía de no ver el caso como un simple "contrato nulo", sino de leer el contexto: determinó que vaciar el patrimonio para no pagar alimentos era un acto de violencia de género (económica). Haciendo uso del parágrafo del artículo 281 del CGP, abrió un incidente de reparación. Sin embargo, el juez del Circuito en apelación tuvo una visión formalista y procedimental clásica, truncando el esfuerzo al advertir que los daños y la perspectiva de género "no se pidieron desde la fijación del litigio". La Corte Constitucional interviene para corregir esta ceguera institucional.
📌 Ratio Decidendi: Flexibilización de la Congruencia (Art. 281 CGP)
1. La Simulación como Violencia Económica:
La Corte Constitucional advierte que el incumplimiento prolongado de obligaciones alimentarias, sumado a la instrumentalización del aparato judicial y la celebración de negocios fraudulentos (simulación) para ocultar el patrimonio, no es un mero "conflicto entre particulares". Es una manifestación estructural de violencia de género (económica), pues traslada de forma absoluta la carga del cuidado y manutención a la madre y vulnera los derechos de la niña o niño.
2. El Deber (no solo facultad) de Fallar Ultra y Extra Petita:
El juez de segunda instancia argumentó que la víctima "no pidió los perjuicios en su demanda original" y por ende estaba atado al principio de congruencia. La Corte Constitucional fulmina esta tesis. Citando la SU-080/2020 y la STC15780-2021 de la Corte Suprema, reitera que el parágrafo 1 del artículo 281 del CGP otorga facultades extra y ultra petita en asuntos de familia y violencia de género. Ante la evidencia de violencia, exigirle a la mujer que inicie otro proceso civil independiente para cobrar perjuicios es someterla a "peregrinaje institucional", lo cual configura violencia y revictimización estatal.