T135-2023: Corte Constitucional ordena reintegro de enfermera con trastorno bipolar despedida bajo la figura de «contrato sindical»

Una auxiliar de enfermería de 25 años, vinculada a través de un contrato sindical con la asociación Asosindisalud para prestar servicios en un hospital, fue desvinculada repentinamente. La trabajadora padecía un diagnóstico grave de trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave y ansiedad generalizada, condiciones que la llevaron a múltiples incapacidades e incluso a un intento de suicidio poco antes de su despido. La asociación sindical terminó el contrato argumentando la "finalización de la obra o labor contratada" con el hospital usuario, sin solicitar permiso al Ministerio de Trabajo.

La madre de la trabajadora interpuso acción de tutela como agente oficiosa, alegando que el despido fue discriminatorio y que su hija se encontraba en una situación de debilidad manifiesta. Relató que, tras el intento de suicidio y la hospitalización psiquiátrica, la joven quedó en un estado de vulnerabilidad tal que dependía completamente de su familia. La asociación sindical se defendió argumentando que no existía una relación laboral directa, sino un vínculo basado en el "contrato sindical", y que la terminación obedeció a una causa objetiva (el fin del contrato comercial con el hospital), negando conocer el estado de salud al momento del retiro.

Los jueces de instancia negaron el amparo, considerando que existían otros mecanismos de defensa judicial y que no se probó el nexo causal entre la enfermedad y el despido. Sin embargo, la Corte Constitucional seleccionó el caso para revisión, centrando su análisis en el alcance de la estabilidad ocupacional reforzada en modalidades de contratación no tradicionales, como el contrato sindical, y la protección especial que merecen las personas con enfermedades mentales graves.

La Corte encontró probado que la trabajadora era titular del derecho a la estabilidad ocupacional reforzada. Su historial médico evidenciaba una pérdida de capacidad laboral significativa y una condición de salud mental que le impedía trabajar con normalidad. Además, se demostró que la asociación sindical sí conocía el estado de salud de la accionante, pues había tramitado sus incapacidades y estaba al tanto de su hospitalización psiquiátrica previa al despido. Por tanto, la terminación del contrato sin el permiso de la autoridad laboral se presumió discriminatoria.