Laboral
T223-2021: Corte ordena a MinTrabajo el pago del dictamen de pérdida de capacidad laboral de víctima del conflicto armado con miras a reclamar ayuda económica.
26 de septiembre de 2021 2 min de lecturaGMH Abogados
La honorable Corte Constitucional, en sentencia T223-2021, ordenó a Mintrabajo el pago del dictamen de pérdida de capacidad laboral de víctima del conflicto armado con miras a reclamar ayuda económica. La tutelante, una mujer de 43 años, madre cabeza de familia diagnosticada con varias enfermedades derivadas, presuntamente, de desplazamiento forzado del cual fue víctima, solicitó el reconocimiento de la ayuda humanitaria para víctimas del conflicto armado, no obstante, para acceder a ella es requisito el dictamen de pérdida de capacidad laboral, para el cual no cuenta con los recursos económicos necesarios.
Ante ese panorama, la Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, una vez acreditado que la accionante, además de ser víctima del conflicto armado y de no contar con los recursos para sufragar los honorarios de la junta de calificación, es una mujer violentada sexualmente, madre cabeza de familia, diagnosticada con diferentes patologías de consideración y que subsiste de la caridad de sus allegados, señaló que la obligación de pagar el dictamen desfavorece en un alto grado a la accionante y amplía las desigualdades de tipo social y económico que la afectan, por lo que argumentó:
[e]l Estado tiene el deber de promover condiciones acordes con la realización de la igualdad material, que asegure la efectividad de sus derechos en términos de dignidad. De allí que la carga del pago de los honorarios amenaza directamente el mínimo vital de la señora y su hija, ahondaría aún más su condición de pobreza y le impediría acceder a un requisito indispensable para aspirar a una prestación periódica que, en caso de serle adjudicada por el cumplimiento de todos los requisitos, aseguraría mínimamente su subsistencia.En conclusión, la Corte consideró necesario proferir una decisión con un enfoque diferencial y de género, fundamentado en una interpretación de los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales de la accionante.
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