Unificación Jurisprudencial: La fórmula de redención de pena de la reforma laboral (2x3) se extiende al estudio y la enseñanza
📌 Resumen Ejecutivo
- 📰 Contexto del caso: Un ciudadano condenado y privado de la libertad solicitó la reliquidación de sus tiempos de redención de pena por estudio, pidiendo que se le aplicara la nueva fórmula consagrada en el artículo 19 de la Ley 2466 de 2025 (2 días de descuento por cada 3 de actividad). El juez de ejecución de penas y el tribunal negaron la petición argumentando que esa ley sólo amparaba las actividades de trabajo.
- 🌐 Problema jurídico: ¿Incurren los jueces de ejecución de penas en una vulneración a los derechos a la igualdad y al debido proceso al negarse a aplicar la fórmula favorable de redención de la Ley 2466 de 2025 a las actividades de estudio y enseñanza en los centros penitenciarios?
- ✅ Decisión Corte Suprema: CONCEDE el amparo y UNIFICA SU JURISPRUDENCIA. La Corte determinó que no existe ninguna justificación constitucional para discriminar la fórmula de redención entre quienes trabajan y quienes estudian o enseñan, pues todas estas actividades persiguen el mismo fin resocializador. En consecuencia, ordenó aplicar la fórmula más benigna (2 días de descuento por cada 3 de actividad) para el trabajo, estudio y enseñanza, respetando únicamente la intensidad horaria diferenciada de cada labor.
Un ciudadano, condenado a pena privativa de la libertad por el delito de tráfico de estupefacientes, solicitó ante el juez de ejecución de penas la readecuación de los tiempos de redención que le habían sido reconocidos previamente por la actividad de estudio. Su petición se fundamentó en la aplicación favorable del artículo 19 de la nueva Ley 2466 de 2025 (reforma laboral), la cual introdujo una fórmula de descuento de dos días de reclusión por cada tres días de trabajo, una proporción matemáticamente superior a la establecida en la normativa carcelaria tradicional.
El juzgado de ejecución de penas y el tribunal de segunda instancia negaron la solicitud, argumentando bajo una interpretación estrictamente exegética que la nueva disposición legal fue diseñada exclusiva y rigurosamente para las actividades laborales, por lo que el estudio y la enseñanza debían seguir rigiéndose por la fórmula menos favorable del Código Penitenciario y Carcelario. Frente a esta reiterada negativa, el afectado promovió acción de tutela invocando la vulneración a sus derechos de igualdad, resocialización y debido proceso, solicitando que la Corte zanjara la disparidad de criterios que se venía presentando en la judicatura sobre este preciso beneficio.
📌 Ratio Decidendi: Igualdad Resocializadora y Unificación de Precedente
1. La igualdad en la finalidad resocializadora:
El sistema penitenciario (Ley 65 de 1993) reconoce diferencias lógicas en la intensidad horaria requerida para cada actividad (8 horas para el trabajo, 6 para el estudio y 4 para la enseñanza) debido al grado de cualificación que cada una exige. Sin embargo, no existe una justificación constitucional ni objetiva para otorgar una fórmula de descuento de pena distinta, pues todas cumplen idéntica finalidad resocializadora. Limitar el beneficio del artículo 19 de la Ley 2466 de 2025 solo al trabajo genera una asimetría injustificada frente a quienes optan por estudiar o enseñar, desincentivando los procesos de formación al interior de los penales.
2. Unificación jurisprudencial y principio de favorabilidad:
La Corte Suprema de Justicia recoge y revoca expresamente sus posturas previas restrictivas para unificar definitivamente su criterio: en virtud del principio de favorabilidad y del derecho a la igualdad material, la nueva regla de redención (2 días de rebaja de pena por cada 3 días de actividad) es aplicable por igual para el trabajo, el estudio y la enseñanza. El único factor diferenciador que se mantiene vigente es el límite de intensidad horaria diaria estipulado históricamente para cada una de estas labores.
Análisis: Superación de la asimetría legal y mandato a los jueces de ejecución
La Sala de Casación Penal, actuando en sede de tutela, determinó que las autoridades judiciales de conocimiento vulneraron los derechos a la igualdad y al debido proceso al realizar una interpretación netamente restrictiva de la norma. La Corte enfatizó que el test de igualdad proscribe tratos diferenciados que carezcan de justificación objetiva y razonable; por tanto, al existir una disposición legal sustancial más benigna orientada a incentivar el esfuerzo intramural, el restablecimiento del equilibrio constitucional imponía extender la fórmula redentora de la reforma laboral a las demás actividades resocializadoras, para no crear un sistema que penalizara implícitamente la formación académica o la labor docente frente a la producción laboral e industrial.