Vacancia por Abandono del Cargo y Salud Mental: sin Ajustes Razonables ni Autorización del Ministerio del Trabajo, el Retiro se Presume Discriminatorio
📌 Resumen Ejecutivo
- 📰 Contexto del caso: Una oficial mayor de carrera de un juzgado penal del circuito del Meta acumuló cerca de 372 días de incapacidad en 2023 y 2024, en buena parte por ansiedad, depresión y otras afectaciones de salud mental; pidió traslado, reubicación y trabajo en casa sin una respuesta efectiva, y fue retirada mediante declaratoria de vacancia por abandono del cargo.
- 🌐 Problema jurídico: ¿Vulnera la estabilidad laboral reforzada y el debido proceso el retiro de una servidora de carrera con afectaciones de salud mental conocidas, mediante vacancia por abandono del cargo, sin ajustes razonables previos y sin autorización del Ministerio del Trabajo?
- ✅ Decisión de la Corte: AMPARA Y MODIFICA LOS FALLOS DE INSTANCIA. Deja sin efectos la resolución del Tribunal Superior de Villavicencio que declaró improcedente la apelación, ordena en 30 días una valoración médico-ocupacional integral y una decisión motivada sobre el reintegro, reconoce en todo caso la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y ordena restablecer en 48 horas la afiliación a la seguridad social.
La servidora tomó posesión el 3 de noviembre de 2022 del cargo de oficial mayor en propiedad de un juzgado penal del circuito del Meta. Entre enero de 2023 y octubre de 2024 registró al menos 146 incapacidades, que sumaron aproximadamente 372 días. Desde el 15 de junio de 2023 la psiquiatría tratante recomendó limitar la jornada y pausas activas; el 1 de septiembre de 2023 la neurología recomendó su reubicación y trabajo en casa mientras se hacía efectiva, y en 2024 se reiteró la necesidad de un entorno con niveles de estrés tolerables, recomendación que seguía vigente el 11 de octubre de 2024. Sus solicitudes de traslado y reubicación recibieron respuestas formales y remisiones entre dependencias. El 14 de mayo de 2024 la jueza titular pidió al Ministerio del Trabajo autorización para desvincularla con base en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y el Ministerio respondió que sus inspectores no están facultados para cuestionar actos de desvinculación de empleados públicos.
El 31 de octubre de 2024 el juzgado abrió el trámite de vacancia y, el 5 de diciembre de 2024, la declaró por abandono del cargo, porque la servidora no se presentaba ni remitía incapacidades desde el 11 de octubre. El juzgado negó la reposición y concedió la apelación, pero el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio la declaró improcedente el 12 de marzo de 2025. La tutela, presentada el 9 de diciembre de 2024, fue declarada improcedente por el Tribunal Administrativo del Meta en cuanto a la vacancia, aunque amparó la salud, la seguridad social y el debido proceso con órdenes a la EPS y a dependencias de la Rama Judicial; la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la orden relativa a las recomendaciones médicas y confirmó lo demás. En revisión, la Sala Primera de la Corte Constitucional decidió el 3 de septiembre de 2026.
📌 Ratio Decidendi: el abandono del cargo no se juzga aislado de la salud que el empleador conocía
La causal objetiva de retiro pierde ese carácter cuando las ausencias ocurren en un contexto de deterioro de salud y falta de ajustes razonables:
La Corte encontró acreditados los tres presupuestos del fuero de salud: afectación significativa del desempeño, conocimiento del empleador y ausencia de justificación suficiente. Como el retiro se produjo sin autorización del inspector de trabajo, recordó que, según su jurisprudencia, «la desvinculación de un trabajador amparado por el fuero de salud sin autorización del inspector de trabajo se presume discriminatoria». El abandono del cargo no bastó para desvirtuar esa presunción, porque el empleador conocía el deterioro, las solicitudes y las recomendaciones médicas desatendidas: «En este escenario no es posible separar o juzgar como elementos aislados e independientes el abandono del cargo y la situación de salud de la accionante ampliamente conocida por el empleador». La negativa del Ministerio del Trabajo a tramitar la autorización tampoco eliminó el fuero: «Un error en el criterio jurídico de una autoridad administrativa encargada de proteger los derechos de los trabajadores no puede resultar en una reducción del estándar de protección de la accionante ni en la pérdida de las garantías derivadas de su estabilidad laboral reforzada».
El fallo construye la vulneración en varios planos. En el de la prevención, calificó la respuesta institucional de 2023 y 2024 como «dispersa, fragmentada y carente de coordinación», porque las dependencias de la Rama se limitaron a remitir el asunto o a exigir requisitos no previstos, como una calificación definitiva de pérdida de capacidad laboral. En el del debido proceso, sostuvo que en la vacancia «la administración no podía limitarse a constatar la ausencia física de la servidora», sino que debía valorar integralmente su salud mental, las incapacidades y la falta de ajustes; y que la apelación contra la vacancia era procedente, porque se trata de un acto definitivo sometido al régimen de recursos del artículo 74 del CPACA y el juez nominador tiene superior funcional en el Tribunal: «el recurso de apelación sí era procedente». Y advirtió que admitir lo contrario «podría propiciar escenarios de despido indirecto». La Sala hizo suya la pregunta planteada por la Defensoría: «la pregunta constitucional no debe ser únicamente si la persona asistió o no al trabajo, sino si el Estado hizo todo lo razonablemente exigible para comprender, acompañar y proteger una trayectoria de salud mental antes de convertirla en una causal de exclusión laboral».